Costos ocultos de la extracción ilícita de minerales en Colombia, tambien la importancia de que nosotros como sociedad apoyemos las actividades legales en mineria, sin importar el costo del material extraido, una minería legal suma a la construcción de país a todo nivel.
Nos sumamos al mensaje de ANA LIGIA MORA MARTINEZ, ex directora de Corantioquia, en su columna en el Diario la Republica quien pidiendo su permiso vamos a compartir aqui en su totalidad:
¨En Colombia, más de 1 millón de personas dependen de la minería y el sector aporta cerca de 30 % de las exportaciones. Sin embargo, la extracción ilícita de minerales ha detonado una crisis que va más allá de lo económico: destruye ecosistemas, alimenta economías ilegales y amenaza la seguridad nacional.
El oro, tercer producto de exportación, es el mejor ejemplo. Más de 90 % de la producción aurífera proviene de minería artesanal y de pequeña escala, y cerca de 85 % del oro que se exporta tiene origen ilegal, sin permisos mineros ni ambientales, según reporte de la Procuraduría General de la Nación. 70 % de esa producción está controlada por grupos armados que la usan para financiar sus actividades criminales.
La magnitud es alarmante: cada año se producen unas 45 toneladas de oro ilegal, valoradas en más de $21 billones, casi lo mismo que la reforma tributaria propuesta por el gobierno nacional. Pese a ello, entre 2022 y julio de 2025 solo se incautaron 193 kg de oro, 76 % menos que en el período 2018-2021, lo que evidencia un preocupante vacío de control estatal.
La minería ilegal no paga impuestos, regalías ni seguridad social; no invierte en las comunidades, pero sí deja pasivos ambientales y contamina con mercurio. 88 % de la extracción ilegal ocurre en áreas protegidas, y en 44 % de los territorios mineros hay cultivos de coca. El resultado: ecosistemas devastados, más de 54.000 ha degradadas en los últimos años y comunidades atrapadas en un ciclo de pobreza y violencia, bajo el dominio de actores armados.
Frente a esta realidad, se requiere una solución integral. La política de Seguridad y Defensa debe priorizar este problema y las regulaciones mineras y ambientales necesitan actualizarse para responder a la complejidad del fenómeno. Incluir la seguridad como factor de desarrollo económico y protección de los recursos naturales es urgente.
No se trata de frenar la minería, sino de integrarla a un modelo que promueva legalidad, energías sostenibles y recuperación de territorios. Si el Estado no actúa con decisión, seguirá cediendo el control de vastas regiones a la ilegalidad, hipotecando el futuro del país¨.
Compartimos el link de la columna original aqui
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